Fuente: http://www.p23.com.ar
El diputado nacional (mc) Omar Becerra elevó un pedido de informes a la Unidad de Información Financiera, que investiga presuntos delitos de lavado de dinero. La inquietud surge de las declaraciones de funcionarios públicos en las que se menciona el ingreso de fondos de la empresa Tierra del Fuego Energía y Química S.A., por montos muy superiores al capital declarado. También alerta sobre la posible creación de la empresa sólo a los fines de la dudosa operación con la gestión Ríos.
Río Grande.- Con fecha 15 de diciembre, el diputado (mc) Omar Becerra ingresó un pedido de informes ante la Unidad de Información Financiera, que investiga presuntos delitos de lavado de dinero, a raíz de la supuesta llegada de fondos de la empresa Tierra del Fuego Energía y Química S.A. por montos muy superiores al capital declarado.
El justicialista advierte que si bien desde el gobierno del ARI se habla de ‘capitales chinos’, la empresa es privada y en apariencia fue creada en función de este convenio cuestionado por los organismos de control y la justicia.
Becerra pide a la UIF el “análisis, trazabilidad y origen de los fondos ingresados y por ingresar a nuestra provincia desde el exterior y con motivo del convenio celebrado por la provincia y la empresa Tierra del Fuego Energía y Química S.A., ratificado por la ley 774”, y que se adjunta como parte de la documentación elevada al organismo nacional.
El diputado expone su preocupación y la “responsabilidad como ciudadano” frente a lo que se ha planteado como un perjuicio al Estado provincial y nacional. Señala que los fondos son, cuanto menos, de “dudoso origen” y que puede estarse frente “a un caso de lavado de dinero, utilizando a Tierra del Fuego como instrumento para canalizar dicha acción”.
La UIF es un organismo técnico a la que ya recurrió varias veces la actual gobernadora Fabiana Ríos junto a referentes nacionales del ARI, en las numerosas denuncias de lavado que han radicado a lo largo de su vida política.
Ahora el ARI, que no ha presentado documentación requerida por los organismos de control ni levantado las observaciones efectuadas al convenio, se ha expresado a través de sus funcionarios para asegurar que en los últimos días llegaron fondos millonarios de esta empresa, para completar el pago de 30 millones de dólares que debió hacerse a fines de abril de este año, siendo una sociedad anónima de reciente conformación que declara un magro capital.
“Según declaraciones de los funcionarios provinciales en los días próximo pasados, se habría producido un depósito millonario en el Banco Tierra del Fuego, desconociendo el origen de los mismos –señala Becerra en la nota a la UIF-. Asimismo los funcionarios hablan constantemente de intervención de Provincias y organismos estatales de China, siendo que el convenio se firmó con una empresa privada desconocida en el ámbito energético argentino y pareciendo haber sido creada exclusivamente para este negocio”, agrega.
El diputado concluye la nota dando cuenta de que la operación está “fuertemente sospechada por la población fueguina”, a raíz de las miles de firmas colectadas donde los ciudadanos solicitan que no se avance con el convenio.
Recuadro ———–
Se espera la posición del Superior Tribunal sobre el convenio chino
Hoy habla la Corte
Para hoy está previsto que el Superior Tribunal de Justicia, antes de entrar en un nuevo período de feria, dé a conocer su postura en torno al convenio chino.
La inconstitucionalidad de la ley que lo viabilizó, aprobada por los legisladores hace casi un año atrás, ya fue anticipada por el fiscal ante el Superior Tribunal, Oscar Fappiano; y además debe resolverse el recurso de amparo presentado por el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre. Sobre este tema también tomó postura el Dr. Fappiano, al exponer en detalle las razones por las cuales el convenio no encuadra en las disposiciones legales y constitucionales, y en función de lo cual no se puede avanzar.
Hasta el momento el gobierno sigue sin levantar las observaciones del Tribunal de Cuentas, por lo cual la Legislatura no puede abocarse al análisis del contrato, pero desde la empresa privada y los funcionarios del ARI se da a conocer el depósito de varios millones de dólares, a pesar de todas las objeciones planteadas.
Paralelamente, avanza la causa penal iniciada tras la denuncia del abogado Alejandro de la Riva en el juzgado de la Dra. Cristina Barrionuevo, con testimoniales de especialistas en la materia que han ratificado y documentado varias irregularidades, en este caso con responsabilidades que podrían alcanzar tanto a funcionarios del gobierno como a los legisladores que permitieron la excepción a los mecanismos de contratación del Estado incorporados en la Constitución y leyes provinciales.