
El abogado de los estudiantes de los profesorados de la UTN volverá a pedir hoy la multa contra la ministro de Educación Amanda Del Corro, por no acatar el fallo de la Cámara de Apelaciones. Se complica la situación del juez Aníbal López Tilli, por la actuación que tuvo en la causa. Para el letrado Francisco ‘Paco’ Giménez, el gobierno no quiere entender siquiera las recomendaciones de sus propios abogados. Deslizó complicidad de la Legislatura en el nombramiento de la superestructura del IPES. “Esto no va a parar hasta que alguno vaya preso”, disparó.Río Grande.- Con la decisión de sentar en el banquillo a todos los responsables, el abogado patrocinante de los alumnos de los profesorados de la UTN, Francisco ‘Paco’ Giménez, volverá a pedir hoy que multen a la Ministro por desobedecer la orden judicial impartida por la Cámara de Apelaciones.
Celebró que se haya sumado el fallo del Superior Tribunal, pero admitió que en el gobierno no quieren entender el alcance de estas medidas, advirtiendo que “esto no va a parar hasta que alguien vaya preso”.
Se complica además la situación del juez Aníbal López Tilli, quien a comienzos del ciclo lectivo desestimó la presentación de los alumnos, cuando pudo resolver de inmediato la medida cautelar y evitar la pérdida de más de medio año, hasta que se resolviera la apelación. Ahora, tras quitar la multa impuesta a la Ministro, deberá responder a la Cámara de Apelaciones sobre los motivos para haber avanzado sobre un organismo superior.
Una actitud “inexplicable”
Sobre la actuación del juez, que ya había dilatado las decisiones cuando no hizo lugar al amparo a comienzos de año, y la determinación ahora de sacar la multa impuesta a la ministro del Corro, se expresó el abogado Francisco Giménez: “Para nosotros resulta absolutamente inexplicable la resolución del Dr. López Tilli, que decide suspender la intimación a la Ministro de Educación. Decimos que con esto está implícitamente dejando sin efecto la medida cautelar ordenada por la Cámara de Apelaciones, que es un órgano superior al juzgado de Aníbal López Tilli”, subrayó, insistiendo en que “no le encontramos ninguna explicación, creemos que no está ajustada a derecho; es más, no está fundada, no dice por qué le levanta la suspensión de la multa con la que habían intimado a la Ministro”, acotó.
El letrado no quiso avanzar en consideraciones sobre la afinidad o no del juez con el gobierno, pero sí puso en tela de juicio que no se haya fundado una resolución cuando, por otra parte, es requisito constitucional: “Uno conoce a los jueces por sus resoluciones, y en la resolución no aparecen las motivaciones por las cuales decide dar marcha atrás con esto. Es más, desobedeciendo una sentencia de la Cámara de Apelaciones, que fue la que ordenó la medida cautelar, porque no fue él. No le encontramos ningún tipo de explicación porque de hecho le está diciendo a la Ministro que cumpla cuando quiera, cuando a ella se le ocurra, que no hay apuro y que si no cumple no pasa nada, cuando fue él mismo el que intimó a la Ministro. No le encontramos explicación pero por suerte está el fallo del Superior Tribunal de Justicia”, apuntó.
Estado de hecho, no de derecho
Frente a un gobierno que no cumple con órdenes judiciales, el abogado planteó la gravedad institucional que también encuentra responsables dentro de la Justicia: “El gobierno no cumple porque no hay jueces con la capacidad y el coraje de hacerles cumplir las órdenes a los funcionarios. Si hubiera un poder judicial en este caso con la autoridad suficiente, seguramente los fallos se cumplirían, pero es un juez que se desdice de lo que dice en un principio y después dice otra cosa. No terminamos de entenderlo. Por suerte el fallo del STJ es más claro aún que el fallo de la Cámara de Apelaciones, y esperemos que éste, por ser emitido por la Corte provincial, lo acate este gobierno que no hay forma de hacerle entender las cosas”, dijo.
Consultado sobre la posibilidad que barajó el profesor Hugo Schneider, decidido a hacer pagar a los funcionarios responsables del perjuicio ocasionado, de su propio patrimonio, lo consideró “difícil porque tenemos funcionarios y ministros que no tienen dónde caerse muertos. Recordemos que han sido toda su vida empleados públicos y no han sido capaces de generar absolutamente nada. Eso va a ser de difícil cumplimiento”, opinó.
Sostuvo que “estamos en presencia de un gobierno que es una imitación berreta del kirchnerismo a nivel nacional. Esperar que este gobierno de impresentables entienda un fallo de la justicia, cuando los abogados que tiene tampoco logran hacerles entender estas cosas, va a ser muy difícil. Esto no va a parar hasta que alguno vaya preso”, advirtió.
Avance penal
De hecho, el abogado no descartó avanzar en el fuero penal para que sean indagados los funcionarios que tuvieron relación con este conflicto, sobre el que todavía resta saber el nivel de complicidades: “Así como Hugo Schneider no va a descansar hasta que paguen todo lo que hicieron, yo no voy a descansar hasta que cumplan con esta orden y, si es posible, no voy a descansar hasta verlos sentados prestando declaración indagatoria en un juzgado, para que expliquen por qué desobedecieron la orden judicial”, sostuvo.
Incluyó en este accionar penal a “la Ministro, a la Gobernadora y a todos los funcionarios del Ministerio de Educación que causaron todo este desastre. Ya no hay más que discutir. No se tiene que discutir más quién tiene razón. Ya lo dijo la Cámara de Apelaciones, ahora lo dice el Superior Tribunal en los mismos términos, en cuanto a que los chicos tienen que culminar sus estudios en la UTN. Acá no hay margen de discusión, hay que cumplir la orden”, reiteró.
Por otra parte apuntó a los legisladores y la complicidad que podría quedar al descubierto. Cabe recordar que en la sesión del jueves pasado se realizó un pedido de informes sobre el tema, que para Giménez es “Light”, puesto que hace tiempo se debió interpelar a la Ministro.
“Estoy tratando de determinar quiénes son todos los funcionarios y empleados que nombraron en el IPES –el instituto creado para reemplazar a los profesorados de la UTN- y una vez que tenga el listado voy a estar en condiciones de decir qué legislador puso a quién en el IPES. Una vez que sepamos eso, cómo se repartieron los cargos en el IPES los partidos políticos con representación parlamentaria en la Cámara, las cosas van a cambiar y los legisladores seguramente van a tener que salir a dar explicaciones”, anticipó.
Agregó que el gobierno “no está diciendo que tiene profesorados nombrados sin alumnos y les está pagando el sueldo. Eso es un delito. Entonces, cuando nosotros determinemos qué profesor está nombrado, qué comisión tendría que ir a dar clases y no va porque no tiene alumnos, que están sentados en el IPES tomando mate sin hacer nada, cuando determinemos qué bibliotecarios nombraron cuando no tienen biblioteca, o jefes de laboratorio sin laboratorio, esto va a ser una discusión importante que se va a dar seguramente cuando este gobierno no esté y la Ministro tenga que viajar de Córdoba a dar explicaciones a la justicia”.
Consultado acerca de por qué debería viajar desde Córdoba la Ministro, el abogado recordó que era su provincia de residencia “hasta el momento que fue nombrada” y que actualmente tampoco residiría en la provincia, sino que viaja en forma permanente.
Si bien la Constitución exige cinco años de residencia para el cargo, observó que “todos sabemos cómo estaba de floja de papeles la Ministro y que tuvieron que hacer malabares para justificar los cinco años de residencia en Tierra del Fuego”, invitando a preguntar a un ex funcionario y diputado, cuyo nombre reservó, casualmente vecino de Del Corro en su provincia natal.
¿Juez juzgado?
Finalmente dio a conocer el pedido que se elevará hoy a la Cámara de Apelaciones, para que intervenga ante la decisión del juez López Tilli que, sin ningún tipo de explicación, dejó sin efecto la intimación a la Ministro para que cumpla con la orden judicial.
“Estamos pidiendo a la Cámara de Apelaciones que tome cartas en el asunto porque el propio López Tilli está dando marcha atrás con una orden que dio la Cámara. Esto es grave y ya pasamos a una anarquía total, donde un juez puede contradecir la orden de la Cámara de Apelaciones, decir si la hace cumplir o no, ministros viajeros que hacen lo que se les parece, que con fondos públicos sacan una solicitada defendiendo una posición personal, una gobernadora que parece ciega, sorda y muda. No sabemos cómo va a terminar esto. Alguien tiene que tomar cartas en el asunto, la Legislatura llamar a la Ministro a una interpelación, tienen que tomar esta bandera porque estamos absolutamente a la deriva”, reclamó el letrado.
Por último, y ante la posibilidad de una movilización de alumnos contra el juez, sugirió que “sería bueno que se brinden explicaciones a los chicos, más cuando el Dr. López Tilli es rector de la Facultad de Derecho que funciona en la UTN, así que lo ven todos los días y le pueden preguntar”FUENTE:Provincia23.