Esta semana se suman cien demandas más de alumnos de la UTN contra el gobierno “Caprichos” oficiales: multa por desobediencia al fallo judicial

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El Dr. Francisco Giménez, abogado de los estudiantes que demandaron al Estado fueguino por el traspaso compulsivo al IPES, comunicó a la justicia la desobediencia del fallo por parte de la Ministro de Educación y la Gobernadora. El resultado fue una multa de 500 pesos diarios que comenzará a cobrarse a partir de la próxima semana, de persistir tal actitud. El viernes, 68 estudiantes más trabaron demanda y esta semana se agregan otros cien, con el precedente favorable de la Cámara de Apelaciones. Para el abogado que los representa, todo es producto de un “capricho” del gobierno, que “destruyó el instituto que funcionaba en la UTN”. Advirtió que esto “los puede llevar a “estar sentados en un juicio oral e inhabilitados para ejercer un cargo público de por vida”.Río Grande.- Ayer fue notificado el gobierno en esta ciudad sobre la multa que estableció la justicia, tras la desobediencia al fallo favorable al reclamo de los estudiantes que fueran compulsivamente trasladados al IPES.

El pedido del abogado que los representa, Dr. Francisco Giménez, fue rápidamente atendido, puesto que el recurso de amparo que plantearon a comienzos de año, tuvo sentencia de la Cámara de Apelaciones, que ordenó retrotraer la situación y respetar el derecho de los alumnos a terminar sus estudios donde los comenzaron, esto es en los profesorados de la UTN.

Sin embargo la ministro de Educación Amanda Del Corro se escudó al comienzo en que no había recibido notificación oficial, falsedad demostrada con documentación oficial, y luego recurrió a las autoridades nacionales buscando alternativas; sin acatar mientras tanto la disposición de la Justicia.

“El viernes, en atención a que la Ministro no había dado cumplimiento a la medida cautelar, de la cual estaba notificada desde el 19 de agosto a las 13:20, pedimos al juez que se la intime a ella y la gobernadora con una multa diaria hasta que cumplan, y también con el apercibimiento de formular una denuncia penal por el delito de desobediencia”, explicó el Dr. Giménez a este medio.

La resolución del juez Aníbal López Tilli se conoció ayer, e “intima a la ministro Del Corro a que dé estricto cumplimiento con la medida cautelar bajo apercibimiento de imponerle una multa diaria de 500 pesos si dentro del plazo de cinco días no empiezan las clases en la UTN. Esa es la instancia en la que estamos”, dijo el letrado, estimando que hoy mismo estaría notificada formalmente la determinación, y comienzan a correr los cinco días de plazo para cumplirla.

Domicilio constituido

Ante las excusas de la funcionaria que intentó desconocer el fallo, el Dr. Giménez aclaró que la notificación llegó al domicilio que el propio gobierno declaró como válido. “No sé cómo es el circuito interno, pero para la Justicia, desde el momento en que el empleado recibe la notificación, está el Ministerio de Educación notificado. Aparte es el domicilio que constituyó en el expediente el Ministerio, por lo cual no hay excusa posible si se pierden en el circuito administrativo del Ministerio o nunca le llegó a la Ministro. Para la Justicia y para nosotros, la Ministro está notificada desde el 19 de agosto, por lo tanto lleva más de diez días sin cumplir la medida cautelar”, subrayó.

Las consecuencias para Del Corro no son solamente pecuniarias, porque los 500 pesos diarios los debe pagar de su bolsillo, sino que además se expone a un proceso penal “por el delito de incumplimiento de una orden judicial, el delito de desobediencia. Nosotros estimamos que el martes o miércoles tendrían que estar comenzando las clases en la UTN”, dijo Giménez.

Cien nuevas demandas

Asimismo, informó que el pasado viernes 68 alumnos más se sumaron con demandas al Estado por las mismas razones que los primeros ocho, y la Justicia resolvería de inmediato por contar con el fallo de la Cámara de Apelaciones como precedente.

“Ingresaron 68 nuevos amparos el viernes y cien más en el transcurso de esta semana. Los alumnos sólo querían que les garanticen las clases y esto no sucedió”, apuntó el abogado, lamentando que el gobierno los obligue a avanzar en medidas judiciales cuando ya se conoce el resultado.

La resolución para los 68 casos del viernes se podría conocer hoy, porque “es inmediato, en 48 horas, al haber un antecedente de la Cámara de Apelaciones”; y las cien presentaciones de esta semana tal vez el mismo viernes tengan su sentencia.

Todo ello, con un costo para el erario público que pierde en la instancia judicial.

El abogado planteó el caos que generó el gobierno, no con la creación del IPES, puesto que reconoció que está en libertad de generar una alternativa de formación; sino con el traslado compulsivo de alumnos y profesores por encima de la norma vigente.

Los alumnos fueron “desparramados por distintas escuelas primarias”, dijo, porque el IPES se construyó en papeles solamente, sin lugar físico para funcionar. Indicó que se nombraron bibliotecarios cuando no había biblioteca, se nombraron cargos docentes y “crearon una superestructura monstruosa”, en la cual lo que no se tuvo en cuenta fueron los más de 500 alumnos de la matrícula, de los cuales casi la mitad recurre a la justicia.

Además, aseguró a FM Del Sur que “en Río Grande los chicos tuvieron que soportar campañas de prensa, chicanas del Ministerio de Educación, diciéndoles que ellos lo único que buscaban era una indemnización monetaria para comprarse el autito y que lo único que buscaban era hacerle juicio al Estado. La respuesta de los primeros ocho casos fue que renunciaron a cualquier juicio posterior por los daños causados al perder un año de estudios, y que no iban a reclamar ninguna indemnización a la provincia, para que quedara claro que lo único que les interesaba era volver a clases. Lo extraño es que no escuchamos absolutamente nada del Ministerio de Educación; los rectores del IPES no existen porque no han querido dar ningún tipo de explicación”, expresó el abogado.

Aseguró que “nosotros no queríamos llegar a esto, buscábamos instancias de diálogo para sentar a la UTN y al Ministerio de Educación, y ver cómo se instrumentaba esto. Pedíamos que no obligaran a 200 alumnos a volver a iniciar el amparo, por el gasto que significa y que ya hay un precedente, pero no hay caso, es muy difícil que entiendan desde el Ministerio de Educación”, dijo con pesar.

Responsabilidad patrimonial

Cabe consignar que en el fallo el juez López Tilli señala, citando jurisprudencia en la materia, que “cuando el sujeto pasivo se vincula con el Estado, la solvencia patrimonial se entiende como absoluta, de modo que no puede resultar comprometido de esa forma”. Es uno de los motivos por los cuales se impone una sanción al patrimonio de la persona responsable, y no al gobierno.

También destaca que la aplicación de la sanción da cuenta de que hay “un ánimo doloso o actitud negligente” de parte del deudor.

Aplicar la multa al Estado, significaría “la utilización de patrimonio estatal”, por lo cual apunta a “la funcionaria responsable del área respectiva”, en este caso la Ministro Amanda Del Corro.

Por cada día de retraso en el cumplimiento de la manda judicial, a contar luego de cinco días de la notificación, el juez le “impone una sanción pecuniaria de carácter conminatorio, equivalente a la suma de pesos quinientos”; a la vez que le advierte “el pase de las actuaciones al juez de instrucción de turno”, para que avance con la causa penal por el delito de desobediencia.

“La intimación salió para que la Ministro, en caso de incumplimiento, afronte la multa de su propio salario. No va a afectar las arcas del Estado –reforzó Giménez-. Si la Ministro no cumple con la medida, requeriremos una investigación penal y solicitaremos que la medida se extienda a la gobernadora de Tierra del Fuego”, dijo, puesto que si bien en este caso se pidió sanción para la mandataria, la justicia optó sólo por aplicarla a la titular de la cartera educativa.

Los “caprichos” y el desborde

Sobre las razones de los funcionarios para persistir en esta postura, sin tener en cuenta que los alumnos perdieron ya más de medio año de clases y que esto puede acarrear demandas al Estado por indemnización, aun cuando los primeros ocho hayan desistido de hacerlo, el Dr. Giménez consideró que “acá hubo un capricho de un gobierno que no quiere cumplir una orden de la justicia, un gobierno que por un capricho destruyó el instituto que funcionaba en la UTN. Este capricho los va a llevar, si no cumplen, a estar sentados en un juicio oral por el delito de desobediencia e inhabilitados para ejercer un cargo público de por vida. No hay otra alternativa”, advirtió.

Para el letrado todo se enmarca en “una gestión que ha perdido el rumbo, si es que alguna vez lo tuvo. Una gestión que se va descomponiendo en su propia impotencia para afrontar y solucionar los problemas que tiene Tierra del Fuego. En el tema específico de educación, es un gobierno que no está en condiciones de garantizar las clases a nivel primario ni secundario, y se puso a innovar e inventar en la educación superior. Es un gobierno que tiene fecha de vencimiento, en las próximas elecciones del año que viene”, sentenció.

Finalmente, quedó demostrado que “a la fecha el IPES no puede garantizar la validez de los títulos. La Cámara de Apelaciones lo deja sentado, al decir que no otorga la misma categoría de los títulos que viene otorgando la UTN. De ahí el derecho vulnerado de los estudiantes”, dijo.

Como ejemplo citó el de una alumna “que trasladaron compulsivamente y le faltaba una sola materia, que la rindió en mayo o junio en el IPES. Todavía no le pudieron entregar siquiera un certificado de titulo en trámite porque no lo pueden hacer, y esta chica no va a poder ejercer porque no se pudo inscribir en la Junta”.

“Esto se hizo por una disputa política, porque a algunos concejales no le gustaron algunos afiches que se pegaron en la UTN en un acto. De ahí derivó todo”, reveló, apuntando a los ediles Gustavo Longhi y Marisa Montero, que habría proferido amenazas en la casa de estudios. “La concejal Montero fue la que, con sus propias manos, arrancaba los afiches cuando estaban entrando en la UTN y fue un escándalo famoso hace un año en Río Grande”.

Pese al “origen” del problema, el abogado subrayó que hace “responsable políticamente a la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, que fue la que tomó la determinación”, concluyó.FUENTE:Provincia23

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